Corte Suprema permite reanudar las deportaciones a terceros países: qué significa y a quién afecta
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno reanude las deportaciones a terceros países, es decir, el envío de migrantes a naciones que no son su país de origen y con las que no tienen ningún vínculo. La decisión volvió a ser noticia esta semana, cuando varios medios en español la reportaron como si fuera nueva.
Conviene aclarar las fechas desde el principio: la orden de la Corte es del 29 de septiembre de 2026. Lo que sí es nuevo esta semana es que un juez federal ordenó el regreso de un nicaragüense deportado a África, que los escritos del caso se acercan a su fecha límite y que la audiencia oral está fijada para el 9 de diciembre. En este artículo te contamos qué decidió la Corte, a quién afecta y qué puede pasar en diciembre.
Lo más importante, y lo que muchos titulares no explican: la Corte no ha decidido todavía si estas deportaciones son legales. Solo permitió que continúen mientras el caso sigue su curso.
Qué decidió exactamente la Corte Suprema
El martes 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema concedió una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia y suspendió el fallo de un juez federal de Boston que había declarado ilegal la política de deportaciones a terceros países sin aviso previo.
La orden fue breve y sin firma, como suele ocurrir con las decisiones de emergencia, y no explicó sus razones. Las tres juezas progresistas del tribunal, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, señalaron que habrían negado la solicitud del gobierno, según reportó la agencia AP.
La misma orden hizo algo más: la Corte aceptó revisar el caso completo, conocido como Department of Homeland Security v. D.V.D. (expediente 26-426), y fijó los argumentos orales para el 9 de diciembre de 2026. Los escritos de las partes siguen un calendario ya fijado: el gobierno presentó el suyo el 23 de octubre, los demandantes deben entregar el suyo el 16 de noviembre y la réplica del gobierno llega el 1 de diciembre.
Es la tercera vez que la Corte Suprema interviene en este litigio a favor del gobierno. En junio de 2025 ya había suspendido una orden anterior del mismo juez, lo que permitió entonces el envío de un grupo de migrantes a Sudán del Sur.
Qué es una deportación a un tercer país
Una deportación a un tercer país ocurre cuando Estados Unidos expulsa a una persona con una orden final de deportación hacia un país que no es el suyo, que no aparece en su orden de expulsión y con el que no tiene ciudadanía ni residencia previa.
La ley federal de inmigración, en el artículo 8 U.S.C. § 1231(b), establece un orden: primero el país del que llegó la persona o el que ella designe, luego su país de ciudadanía o de residencia anterior, y solo como último recurso un tercer país. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una guía que permite enviar a las personas a terceros países basándose en garantías generales de que esos países no las perseguirán ni las torturarán.
Esa guía es el centro del caso. El juez federal Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, resolvió el 25 de febrero de 2026 que la política era ilegal porque no daba a los afectados una oportunidad real de alegar el riesgo de persecución o tortura en el país de destino concreto, y porque el gobierno debía intentar primero la deportación al país de origen.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó en gran parte esa decisión el 18 de septiembre de 2026. Once días después, la Corte Suprema la dejó en suspenso.
Más de 25.000 personas ya fueron deportadas a terceros países
La política no es teórica: ya se ha aplicado a gran escala. Según un recuento de organizaciones de derechos humanos citado por AP, más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países bajo esta política, la gran mayoría a México. El Migration Policy Institute, por su parte, cuenta más de 25.000 personas enviadas a al menos 30 países hasta mediados de octubre, de las cuales alrededor del 80 % fueron a México.
Los destinos incluyen, además de México, a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia, la República Centroafricana y Costa Rica, entre otros. Human Rights Watch documentó que entre el 29 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 Estados Unidos deportó a 18.453 personas a terceros países, de las cuales 12.977 fueron a México, cerca del 70 %.
Detrás de las cifras hay historias concretas. El Migration Policy Institute relata el caso de Elvis Rodríguez Venturas, enviado a Liberia en agosto de 2026, un país del que, según el propio instituto, era la primera vez que oía hablar. Human Rights Watch estima que 4.353 cubanos fueron deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, y que 536 personas fueron enviadas a países africanos entre enero de 2025 y agosto de 2026.
El gobierno defiende la práctica como una herramienta necesaria para expulsar a personas que no pueden ser enviadas a sus países de origen, muchas veces porque esos países se niegan a recibirlas. Las organizaciones defensoras de los migrantes responden que enviar a alguien a un país desconocido, sin aviso y sin la oportunidad de alegar peligro, viola el debido proceso y la Convención contra la Tortura.
El caso que lo cambia todo: un nicaragüense deportado a África y la orden de traerlo de vuelta
Mientras la Corte Suprema permite que las deportaciones continúen, otros jueces siguen fallando caso por caso. El ejemplo más reciente es el de Kenis Adalberto López González, un nicaragüense deportado en agosto de 2026 a la República Centroafricana, un país africano con el que no tenía ningún vínculo.
El martes 10 de noviembre, el juez federal Jeffrey M. Bryan, del Distrito de Minnesota, rechazó la petición del gobierno de aplazar dos semanas el regreso de López González a Estados Unidos. El gobierno había argumentado, entre otras razones, que resultaría demasiado costoso trasladarlo de vuelta desde la República Centroafricana.
Una orden preliminar firmada el 30 de octubre obliga al gobierno a gestionar y pagar el viaje de regreso, restablecer las condiciones de supervisión que López González tenía antes de su arresto y devolverle los documentos y pertenencias que le confiscó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La administración apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito.
El caso muestra las dos caras del momento actual: la Corte Suprema deja que la política siga, pero los tribunales inferiores siguen ordenando correcciones individuales cuando consideran que una deportación concreta violó los derechos de la persona.
Qué puede pasar el 9 de diciembre
La audiencia del 9 de diciembre en la Corte Suprema es la fecha clave que sigue. Ese día, los nueve magistrados escucharán los argumentos de ambas partes sobre tres preguntas:
- Si el tribunal de Massachusetts tenía jurisdicción para frenar estas deportaciones en primer lugar.
- Si la ley federal impide que un juez dicte una orden que proteja a todo un grupo de personas a la vez, en lugar de caso por caso.
- Si la guía del gobierno sobre deportaciones a terceros países es ilegal bajo la ley de inmigración, el debido proceso de la Quinta Enmienda o la Convención contra la Tortura.
Estos son los escenarios que se plantean después de la audiencia:
- Que la Corte declare la política legal, lo que dejaría al gobierno vía libre para seguir enviando personas a terceros países sin el aviso previo que exigía el juez Murphy.
- Que la Corte declare la política ilegal, lo que obligaría al gobierno a avisar con antelación y dar a cada persona la oportunidad de alegar el peligro que enfrentaría en el país de destino.
- Que la Corte decida el caso por un motivo técnico, como la falta de jurisdicción del tribunal de Massachusetts, sin pronunciarse sobre si la política es legal o no.
La decisión final se espera antes del verano de 2027. Mientras tanto, la suspensión de la Corte sigue vigente y las deportaciones a terceros países pueden continuar.
Qué significa esto para los latinos en Estados Unidos
La decisión afecta sobre todo a las personas que ya tienen una orden final de deportación y que no pueden ser enviadas a su país de origen, ya sea porque ese país se niega a recibirlas o porque existen obstáculos diplomáticos. Para esas personas, el riesgo es ser enviadas a un tercer país que no conocen, sin la oportunidad de explicar ante un juez el peligro que correrían allí.
Los abogados de inmigración recomiendan, como información general, que las personas con un caso migratorio pendiente mantengan sus documentos al día, conozcan el estado exacto de su caso y no firmen ningún documento sin entenderlo. Cada situación es distinta, y las decisiones de los tribunales cambian con frecuencia.
Esta es una semana de mucha actividad en los tribunales para la comunidad latina. La misma semana, la Corte Suprema también se pronunció en otros dos casos migratorios: uno sobre el TPS de haitianos y sirios y otro sobre el asilo en la frontera sur. En Vivir en USA ya explicamos la situación del TPS para venezolanos y la fecha clave del 20 de noviembre, que sigue su propio camino en los tribunales.
En el sur, mientras tanto, la caravana de migrantes que avanza desde Tapachula sigue su ruta por México con la esperanza de que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias abra nuevas vías legales. La realidad, como contamos en ese artículo, es que la frontera sigue cerrada y que los cambios reales en las leyes todavía tardarán meses en llegar.
En Vivir en USA seguiremos informando de cada novedad de este caso, empezando por la audiencia del 9 de diciembre. Puedes leer más noticias en nuestra sección de Inmigración o volver a la página principal.
Las fotos de este artículo son imágenes genéricas de archivo y no corresponden a los casos concretos que se mencionan, salvo la foto de la Corte Suprema, que muestra el edificio real del tribunal en Washington D. C.
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Aviso legal: Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Las leyes migratorias cambian con frecuencia y cada caso es distinto. Antes de tomar decisiones sobre su situación migratoria, consulte con un abogado de inmigración autorizado.